Durante 2024 el número de denuncias de mujeres víctimas de violencia de género se mantuvo en cifras muy similares a las de 2023 al haberse registrado un total de 199.094. En cuanto a las mujeres víctimas, fueron 183.908, un 4,96 % menos que el año anterior. Las mujeres víctimas pueden enfrentar desafíos como la falta de independencia económica, baja autoestima o desequilibrio emocional que dificultan su acceso al mercado laboral. La mayoría de mujeres a las que atendemos en Fundación tienen un perfil de vulnerabilidad elevado, que incluye falta de experiencia laboral debido a la dependencia económica de sus agresores, problemas de salud física y mental derivados de los abusos, y responsabilidades familiares que les dificultan la búsqueda de empleo y limitan su disponibilidad.

Actualmente, se contabilizan en España 1.944.800 hogares monoparentales, la mayor parte de ellos (81,4%) encabezados por una mujer. Así, 1.582.100 mujeres en España sacan adelante a sus familias sin más ayuda que ellas mismas. Junto a los 362.700 hombres en esta misma situación, el total alcanza 1,9 millones de hogares monoparentales en nuestro país. Las familias monoparentales son la composición familiar que presenta un mayor riesgo de pobreza y/o exclusión social en España. El informe AROPE (EAPN) cifra en un 49,1% este riesgo, muy superior a la media nacional, del 27,1%.

El desempleo actúa como un agravante de la pobreza y exclusión en las familias monoparentales, que ven severamente limitada su capacidad para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, el 80% de las mujeres al frente de una familia monoparental, y en situación de desempleo, se identifica con una situación de pobreza y/o exclusión y “lucha” diariamente por combatirlas.

En España, las personas con discapacidad representan un grupo significativo dentro de la población en edad de trabajar. Según datos recientes, hay aproximadamente 1.929.400 personas con discapacidad en el rango de 16 a 64 años. 

En 2024, las personas con discapacidad representaron el 6,21 % de la población en España. La mayoría de estas personas tenían discapacidades físicas (45,58 %), seguidas por discapacidades mentales (16,19 %). La distribución por edad mostró que el 72,92 % eran mayores de 45 años, mientras que solo el 6,28 % eran menores de 25 años.

La tasa de actividad de las personas con discapacidad fue del 35,5 %, significativamente inferior al 75,8 % de la población general. El País Vasco y Cantabria registraron las mayores tasas de actividad. La tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del 28,5 %, 40,5 puntos porcentuales inferior a la de las personas sin discapacidad.

En diciembre de 2024, había 336.073 personas con discapacidad afiliadas a la Seguridad Social, representando el 1,59 % del total de afiliados, con un aumento del 2,68 % respecto al año anterior. Las mujeres representaron el 41,91 % de las afiliaciones, mientras que los hombres el 58,09 %. La mayoría de las personas con discapacidad afiliadas estaban en el régimen general (92,23 %), y el sector servicios concentró la mayor parte de las afiliaciones.

En 2024, se contabilizaron 271.765 contratos a personas con discapacidad, representando el 1,76 % del total de la contratación. La rotación en la contratación fue de 1,92 contratos por persona, similar al resto de la población. La mayoría de los contratos fueron para personas con discapacidad física (45,12 %), y el 67,90 % de los contratos fueron para trabajadores con estudios de Educación Secundaria Obligatoria o inferiores.

A finales de 2024, había 135.417 personas con discapacidad en paro, representando el 5,29 % del total de parados. La tasa de paro disminuyó tanto para hombres (19,90 %) como para mujeres (19,40 %). El perfil mayoritario de las personas con discapacidad en paro era el de una mujer mayor de 45 años con bajo nivel de formación.

El sector servicios concentró el 73,26 % de los desempleados registrados de este colectivo. Las ocupaciones más contratadas fueron personal de limpieza, peones de las industrias, camareros asalariados, conserjes de edificios y otro personal de limpieza, representando el 33,73 % de la contratación registrada a personas con discapacidad.

La salud mental en España ha emergido como una prioridad crucial en los últimos años. Según el informe anual del Sistema Nacional de Salud 2023, los problemas de salud mental y del comportamiento afectan a una parte significativa de la población (34,3%), con diferencias notables según sexo y grupos de edad. Las mujeres presentan una mayor prevalencia (374,2) en comparación con los hombres (310,5). Los trastornos de ansiedad son los más frecuentes, con 106,5 casos por cada 1.000 habitantes, seguidos por los trastornos del sueño (81,6) y los trastornos depresivos (47,8). La prevalencia de estos trastornos aumenta con la edad.

La desigualdad económica es una realidad palpable, y uno de los aspectos más preocupantes es la baja movilidad social. Este fenómeno se refiere a la dificultad que tienen las personas pertenecientes a niveles socioeconómicos bajos para mejorar su situación en comparación con la de sus padres.

Según un estudio de ESADE, en España se tarda aproximadamente cuatro generaciones en ascender en el ascensor social. Esto significa que quienes nacen en familias con bajos ingresos tienen una probabilidad muy limitada de alcanzar niveles económicos significativamente mejores que los de sus progenitores. La movilidad intergeneracional en España se sitúa en un punto intermedio entre países con alta movilidad, como Australia o Suiza, y aquellos con baja movilidad, como Estados Unidos o Italia.

La influencia del ingreso de los padres en el futuro económico de sus hijos es notable. Los hijos del 1% con mayores ingresos tienden a mantener una renta media significativamente superior a la de una familia en la mediana de la distribución de ingresos. Además, las desigualdades estructurales y territoriales juegan un papel crucial en esta dinámica.

La migración en España ha tenido un impacto significativo en la demografía y el mercado laboral de nuestro país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el saldo migratorio de España con el exterior fue positivo en 642.296 personas. Este crecimiento se debe principalmente a la inmigración, ya que la natalidad sigue siendo menor que la mortalidad.

Los inmigrantes en España suelen ocupar puestos de trabajo en sectores de baja cualificación y salarios bajos, como la hostelería, la construcción y el servicio doméstico. Esta concentración en empleos precarios contribuye a la desigualdad y la pobreza, ya que las personas inmigrantes tienen una menor tasa de ocupación y enfrentan mayores riesgos de pobreza en comparación con la población española.

Las mujeres migrantes enfrentan desafíos adicionales en el mercado laboral. A menudo se concentran en sectores con los salarios más bajos y los porcentajes de trabajo a tiempo parcial más elevados. Además, la discriminación y la falta de movilidad laboral agravan su situación, manteniéndolas en empleos de bajos ingresos y peores condiciones laborales.

A pesar de estos desafíos, la inmigración ha sido esencial para el crecimiento demográfico y económico de España. El saldo migratorio positivo ha permitido un aumento significativo de la población activa, contribuyendo al desarrollo de diversos sectores económicos.